Alcances de la reforma migratoria norteamericana

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rebecca_arenas

Rebecca Arenas

16 de mayo de 2013

 

La presentación del proyecto de ley de reforma migratoria en el Senado norteamericano, a mediados del pasado abril, marcó  el inicio de un largo proceso legislativo en el que, de entrada, lo que habrá que discutirse es qué se queda y qué se elimina de esta iniciativa elaborada por el grupo de “Los ocho” integrado por cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos.

Más allá del ámbito legislativo, el contenido de este proyecto es prácticamente desconocido para la opinión pública estadunidense, no se diga para los migrantes indocumentados. De ahí que hemos seleccionado cuatro de las preguntas mas frecuentes y sus correspondientes respuestas, del mayor interés para nuestros paisanos indocumentados, que podrían beneficiarse si esta ley se aprueba.

¿La iniciativa de ley es un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados? No. Sólo podrán solicitar el estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI, por sus siglas en inglés) quienes se encuentren en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011. Esta fecha límite dejaría fuera entre 200,000 y 300,000 inmigrantes que arribaron a Estados Unidos después de esa fecha.

¿Cuántos años tomará y cuántas etapas tiene el camino hacia la ciudadanía?

Tomará 13 años solicitar finalmente la ciudadanía para quienes opten por obtenerla, pero antes hay un largo proceso. Después de firmada la ley, tomará un año completar las regulaciones. Seguidamente, los indocumentados solicitarán el estatus de RPI iniciando su vía a la ciudadanía o la primera etapa, pagando una cuota inicial de $500 USD más las cuotas de solicitud.

A los seis años, en la segunda etapa, deberán renovar su permiso de RPI que, de hecho, es renovable cada seis años. Nuevamente deberán pagar una multa de $500 USD más las cuotas de solicitud, aprobar la revisión de historial, demostrar que no son una carga pública y que han trabajado o estudiado y pagado impuestos.

Al cabo de 10 años estas personas podrán solicitar la residencia permanente (tercera etapa) pagando una multa de $1,000 USD más las cuotas de solicitud y llenar los requisitos, entre esos, demostrar que están aprendiendo inglés. Finalmente, en la cuarta etapa, al cabo de tres años, podrán solicitar la ciudadanía si así lo deciden

¿Qué ocurre con los inmigrantes que están en proceso de deportación o los que ya fueron deportados? Los inmigrantes que están en proceso de deportación, quienes reingresaron al país tras ser removidos o quienes optaron por una salida voluntaria podrán solicitar el estatus legal provisional de RPI si llenan los requisitos, incluyendo su revisión de historial. Las personas que ya fueron deportadas por causas no criminales también pueden solicitar el estatus legal provisional si son cónyuges, padres o hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

¿Retrasarán o entorpecerán los requisitos de seguridad fronteriza la vía a la ciudadanía? En teoría los requisitos de seguridad, no impedirían que los inmigrantes inicien y completen su vía a la ciudadanía, pero es uno de los puntos más observados por los grupos pro inmigrantes.

Seis meses después de promulgada la ley, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe someter dos planes para cumplir con los requisitos de seguridad fronteriza que propone la ley. El primer plan se propone detener a 9 de cada 10 indocumentados que intenten cruzar la frontera. El segundo plan busca reforzar las barreras y muros en la franja. Cabe recordar que la fase inicial del plan de legalización no comenzará hasta que se aprueben estos planes. Se estima que esto no retrasaría la vía a la ciudadanía, porque el proceso de solicitud se inicia un año después de promulgada la ley, año en que las autoridades norteamericanas estiman que sean completadas las regulaciones del proceso.

Si al cabo de cinco años no se han completado los requisitos de seguridad, es decir las tasas de efectividad del 90% de detenciones, una comisión especial integrada por funcionarios de estados fronterizos recomendará al DHS qué medidas tomar para lograr los objetivos.

¿Tendrá el Gobierno de México, la capacidad y la voluntad política de contribuir a la aplicación de los dos planes fronterizos que contempla la reforma migratoria estadunidense? Habrá que esperar.

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