Corrupción y violencia, los temas de campaña

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rebecca_arenas

Rebecca Arenas

3 de julio de 2013

 

  Dos temas han acaparado el interés de la opinión pública nacional en las últimas semanas: la escandalosa corrupción por parte de algunos ex gobernadores y la creciente violencia al interior de las campañas políticas, afectando a los propios candidatos y su equipo de colaboradores, esto, faltando unos cuantos días para que se lleven a cabo elecciones en catorce entidades del país: sin duda,

El próximo domingo 7 de julio saldrán a votar poco más de 29 millones de mexicanos para elegir la friolera de 931 alcaldes y 431 diputados, además de una gubernatura en Baja California.

Y según los hechos que estamos viendo, los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, paralelamente a su intensa actividad electoral, enfrentarán un clima de generalizada desconfianza y repudio al inmoral desempeño de los malos servidores públicos que han abusado de su encargo.

No importa si estos no son oriundos de la entidad, la deliberada dedicatoria de quienes no consiguen ganar con propuestas, sino denostando, es fustigar con razón o sin ella, al partido político adversario.

La denuncia de abusos cometidos por malos servidores públicos, se ha convertido en un instrumento de manipulación que todos los partidos políticos están dispuestos al desvelar en la vispera de las elecciones.

Hacer perder votos al adversario, lograr su derrota, se ha convertido en estrategia recurrente de quienes buscan espacios de poder. Mas allá , de los logros y avances que ha tenido México en materia de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, lo que advertimos con toda claridad es que estos logros siguen siendo insuficientes, porque no han permitido a la ciudadanía actuar con oportunidad para evitar que malos servidores públicos cometan excesos y desvíos con el erario público, perjudicando a los que menos tienen, que son al final de cuentas las recurrentes víctimas de la corrupción y su derivado, la impunidad, el mayor incentivo para seguir delinquiendo.

Por si esto fuera poco, la violencia creciente al interior de las campañas políticas electorales sigue cumpliendo con su cometido, de amedrentar tanto a candidatos como a los votantes a actuar con libre albedrío.

Todos coinciden en responsabilizar de estos hechos a la delincuencia organizada, que con una impunidad rampante hace y deshace en un numero importante de campañas del proceso electoral en marcha. En los últimos días, la violencia ha arreciado.

En Oaxaca la candidata a diputada local, Rosalinda Palma López, fue atacada a tiros mientras viajaba en su vehículo, resultando muertos su esposo y su sobrina, y ella misma hospitalizada. Horas antes fue encontrado muerto Antonio Loaiza Zamora, hijo del abanderado de la coalición PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México a la alcaldía de San Ignacio en el Estado de Sinaloa, entidad en donde los candidatos en donde los candidatos decidieron concluir sus campañas antes de la fecha fijada, debido al clima de inseguridad prevaleciente. En los comicios del próximo 7 de julio, se renovarán 270 diputaciones locales, 1,348 alcaldías, más de la mitad de las que existen en el país, además de la gubernatura de Baja California.

Se trata de un momento clave, con efecto de termómetro en donde podremos medir la confianza de la gente en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Pero la situación que estamos presenciando, difícilmente puede ser peor: corrupción de malos funcionarios de todos los partidos, y violencia e impunidad de los delincuentes, sin que la autoridad haga algo, porque es incapaz o porque de plano esta infiltrada por los capos.

Desacreditar las elecciones es el propósito, lo están consiguiendo; adueñarse aún más del país, es la meta. ¿Y los mexicanos, pueblo y gobierno, lo vamos a permitir, cruzados de brazos?

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