La participación ciudadana en la reforma educativa de Peña Nieto

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rebecca_arenas

Rebecca Arenas

12 de diciembre de 2012

 

En el marco del “Pacto por México”; el presidente Enrique Peña Nieto, presentó hace un par de días, la iniciativa de reforma de ley en materia educativa, que busca elevar a rango constitucional acuerdos trascedentes a favor de la calidad educativa, que no se han alcanzado después de varios años.

La iniciativa de reforma establece, en pocas palabras, que la SEP vuelva a ser la entidad que ejerza la rectoría del Estado en materia educativa, responsable de diagnosticar los problemas, establecer las metas y los objetivos, de elegir la pertinencia de las estrategias y dar seguimiento puntual a las evaluaciones.

En el acto, celebrado en el Museo Nacional de Antropología, el presidente Peña Nieto estuvo acompañado por el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet; de los presidentes del PAN, Gustavo Madero, del PRI, Cristina Díaz y del PRD, Jesús Zambrano, así como de los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras legislativas. El mandatario firmó la iniciativa, la cual propone reformar el artículo 3ro. Constitucional con el fin de establecer un sistema profesional de docentes, reconociendo la obligación del Estado de darles certidumbre en su ingreso, en su permanencia y en su promoción del servicio; e instruyó al secretario de Educación Emilio Chuayffet a levantar un censo en colaboración con el INEGI, para saber cuántos alumnos, escuelas y maestros hay actualmente en el país. En su intervención el secretario Chuayffet señaló que la discrecionalidad ha dejado muchas veces de lado a miles de maestros con preparación y capacidad necesarias para acceder a los cargos de dirección y supervisión, razón por la cual la iniciativa propone declarar nulos los ingresos y promociones que no se realicen conforme a la ley; destacando además que, la profesionalización requiere de un proceso de evaluaciones formativas, sumatorias o de impacto, de las que deriven los datos para mejorar los programas de formación del docente, al igual que de un sólido sistema de incentivos.

De aprobarse la iniciativa, dijo, el recién creado Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, será una instancia con autonomía constitucional, responsable de adoptar decisiones que ya son inaplazables, entre otras: La obligación de la evaluación que no es potestativa y que producirá consecuencias jurídicas; la no sujeción de la evaluación a caprichos o a intereses particulares; la imposibilidad de pactar o diferir la evaluación, y el ajuste obligatorio de la evaluación a los criterios que fije este órgano autónomo confiable propuesto por el Ejecutivo y que sería aprobado por el Senado. Como puede advertir hasta el más incrédulo, la iniciativa del presidente Peña Nieto es trascendente por donde la queramos ver, desde buscar darle rango de Ley, de cumplimiento obligatorio, a los acuerdos incumplidos contenidos en la Alianza por la Calidad de la Educación, hasta la autonomía técnica y de gestión del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, una instancia que hacía falta en el proceso de reordenación y evaluación de la calidad de la educación en nuestro país.

Cabe señalar que la gran ausente en esta reunión fue la maestra Elba Esther Gordillo dirigente del SNTE, lo que induce a suponer su abierto desacuerdo con la iniciativa del presidente Peña Nieto. ¿Qué sigue? es la pregunta que todo el mundo se formula. La decisión del presidente Peña Nieto de empezar a dar cumplimiento a uno de los cinco ejes nodales en torno a los cuales desarrollará su gestión de gobierno ¿Se mantendrá firme a cabalidad, a pesar de la temible migraña que pueda significarle la reacción de Gordillo reacia a perder sus enormes privilegios? Una omisión grave, en este proceso de reforma educativa que inicia prontamente el Presidente Peña Nieto, es la ausencia de una convocatoria formal a la ciudadanía, la destinataria final de los esfuerzos de su gobierno. La ciudadanía tiene mucho que aportar y enriquecer a este proyecto nacional, que tiene plena legalidad, pero que con su participación, cobraría la mayor legitimidad y respaldo a su gobierno. La participación ciudadana como aliada y contrapeso efectivo ante los previsibles chantajes gremiales reticentes a perder sus privilegios. Esperemos que tan grave omisión pronto se resuelva.

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