La Reforma laboral de Calderón ¿preferente o tardía?

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rebecca_arenas

Rebecca Arenas

26 de septiembre de 2012

 

La Cámara de Diputados inició esta semana la discusión de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo que el presidente Felipe Calderón recién envió al Congreso de la Unión en calidad de iniciativa preferente.

Rodeada de polémica, porque autoridades, sindicalistas, empresarios y políticos no se ponen de acuerdo, la iniciativa de Reforma a la Ley General del Trabajo que ambas Cámaras legislativas deberán de aprobar o rechazar esta misma semana, propone 51 cambios a la legislación vigente, en 17 temas que están provocando la mayor discusión, ya que mientras los panistas afirman que generará mayor competitividad y los priístas dicen que sólo la aprobaran con cambios importantes, las izquierdas se niegan a discutirla porque atenta contra los derechos laborales, dejando indefenso al trabajador.

En ese clima adverso, la discusión de temas como la transparencia y la democracia sindical; el registro gremial; los derechos escalafonarios; la regulación de outsourcing; el despido por correo certificado; las huelgas con tiempo determinado; la limitación a sólo un año para el pago de salarios caídos en caso de dxespido injustificado o los mecanismos para aumentar la productividad, refleja la trascendencia de la decisión política que tomarán los legisladores de ambas Cámaras, afectando los derechos y nuevas formas de trabajo de 32 millones de mexicanos con empleo.

Cabe señalar que la iniciativa preferente que Felipe Calderón envió a San Lázaro el pasado 1 de septiembre, se ha visto antecedida por las iniciativas laborales que PAN, PRI y PRD presentaron al Congreso entre 2010 y 2011, mismas que servirán -sin duda- como base para construir un proyecto de dictamen sobre la tardía reforma laboral del Ejecutivo.

A continuación algunas coincidencias y diferencias en torno a las tres iniciativas previas a la de Calderón:

La iniciativa del PRI se basa en los principios instaurados en el artículo 123 constitucional, resumiéndolos en tres: el carácter tutelar de los derechos, la garantía de estabilidad en el empleo y la irrenunciabilidad a los derechos de los trabajadores.

Los ejes rectores de la panista son: facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos; promover la equidad de género, fortalecer las facultades normativas, de vigilancia y sancionatorias de las autoridades del trabajo; fortalecer la transparencia y la democracia sindical, y fortalecer la documentación e impartición de justicia laboral.

La iniciativa del PRD considera tres aspectos nodales: el alcance real de la protección de los intereses de los asalariados; la necesidad de adaptar los procesos productivos a las presiones competitivas, y la urgencia de mejorar las condiciones de trabajo y los salarios.

En materia de contratación PAN y PRI incorporan tres nuevas modalidades: temporal, por capacitación inicial y por periodo de prueba, argumentando que los tres modelos darán mayor competitividad y experiencia a los trabajadores. Igualmente PAN y PRI proponen regular las subcontrataciones porque en la actualidad, empresas trasnacionales han abusado de este modelo.

Las tres iniciativas contemplan la prohibición de prácticas y formas de discriminación laboral, como no ser contratado por preferencia sexual, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, estado civil etc. En el caso del PRD se hace alusión expresa a la discriminación por gravidez, condiciones de salud, y responsabilidades familiares.

Coinciden las tres iniciativas en la eliminación de las juntas, federal y locales de Conciliación y Arbitraje; PAN y PRI proponen en su lugar funcionarios conciliadores. El PRD propone jueces laborales.

Las tres iniciativas incorporan como causas de rescisión de contrato, con responsabilidad tanto para el patrón como para el trabajador -según quien cometa el ilícito- el hostigamiento sexual; destacando la iniciativa del PRD las figuras de hostigamiento moral y violencia laboral.

Hay más coincidencias importantes en las tres iniciativas, habrá que ver si prevalecen en las discusiones que tienen como limite el primero de octubre. También podría ocurrir que la iniciativa preferente del presidente no se llegue a discutir, ya que el reglamento para que ésta tenga curso legal aún no se ha publicado.

 

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