Por la seguridad y justicia de los mexicanos

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rebecca_arenas

Rebecca Arenas

19 de diciembre de 2012

  La II Sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por primera vez por el presidente Enrique Peña Nieto, se llevó a cabo el pasado lunes en Palacio Nacional, con la asistencia todos los gobernadores del país y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el gabinete en pleno del Gobierno federal, los dirigentes de las fracciones parlamentarias en el Congreso, y algunos representantes de organizaciones ciudadanas.

La reunión revistió gran importancia, dado que la inseguridad ha sido el principal problema del país en los últimos años, tanto para los gobiernos que no han sido capaces de acotar la brutal embestida de la delincuencia, como para los cientos de miles de víctimas que han vivido en carne propia los estragos del robo, el secuestro, la extorsión, o la pérdida de un ser querido, todo esto, con un grado de impunidad delincuencial prácticamente total, el mayor incentivo para seguir delinquiendo. Peña Nieto hizo un llamado a todos los órdenes de Gobierno, para trabajar por un mismo objetivo: Dar paz y tranquilidad a todos los mexicanos en base a seis líneas de acción que contemplan: La planeación; La prevención del delito, Protección y respeto a los derechos humanos; Coordinación entre los tres órdenes de Gobierno; Transformación institucional, enfocada a los ámbitos: policial y de procuración de justicia, y Evaluación y retroalimentación de las tareas emprendidas.

En el marco de la reunión también se aprobaron 12 acuerdos en materia de seguridad que firmaron los gobernadores, entre los que destacan: La incorporación de integrantes de la sociedad civil a este Consejo; El Programa Nacional de Prevención de delito; La creación de instancias locales para dar cumplimiento en materia de derechos humanos; La creación de un servicio profesional de carrera policial; La consolidación de evaluación y certificación policiales; La elaboración de un Plan Nacional de Capacitación; La elaboración de protocolos de actuación policial; La consolidación de la Plataforma México, con obligación de los Estados de actualizar su base de datos.

Los datos que más llamaron la atención fueron: La división del territorio nacional en cinco regiones operativas; el costo del Programa intersecretarial de prevención del delito, de casi 116 mil millones de pesos; y la creación de la Gendarmería Nacional, con una integración inicial de 10 mil elementos.

En el tema de la impartición de justicia, el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, presentó un diagnóstico en el que destaca la grave desarticulación entre las instancias de seguridad pública, de procuración de justicia y de procesamiento de información estratégica, que ha impedido el cumplimiento de estas funciones.

La PGR, señaló Murillo Karam, arrastra desde hace muchos años, una estructura que no corresponde a la realidad actual, debido a que fue acondicionándose de forma desordenada para responder a las coyunturas, provocando una fragmentación interinstitucional que ha obstaculizado la impartición de justicia. De ahí la necesidad, de un replanteamiento legal e institucional, que permita objetivos claros, resultados medibles, y una eficaz coordinación entre las instituciones responsables, que les permita llevar a cabo con éxito sus funciones.

Las 6 líneas de acción por “la Seguridad y Justicia de los Mexicanos”, así como los doce acuerdos aprobados por los gobernadores, constituyen un primer paso firme del gobierno de Peña Nieto para empezar a resolver los importantes problemas de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad rampante, que han sido el flagelo de la sociedad mexicana en los últimos años.

Habrá que ver si al paso de las semanas, los gobernadores firmantes cumplen con su compromiso, y si la participación ciudadana que ha ofertado el presidente Peña Nieto al interior del Consejo Nacional de Seguridad Pública, va más allá de los liderazgos de membrete, encumbrados al vapor por el presidente Calderón para “dar legitimidad” a sus desatinadas acciones de gobierno. Por el bien del país, esperemos que los gobernadores ahora sí cumplan y que el gobierno de Peña Nieto convoque a genuinos liderazgos ciudadanos. Los que ahora se hacen presentes, son los mismos que inventó Calderón. Nadie les cree.

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