Visión integral contra el rezago educativo

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rebecca_arenas

Rebecca Arenas

20 de febrero de 2013

 

 Se ha dicho y repetido hasta el cansancio que para que nuestro país esté en condiciones de competir a nivel mundial, es preciso que Gobierno y ciudadanía hagan un gran esfuerzo para superar el rezago educativo.

Considerando que la educación habilita y expande las posibilidades creativas del individuo, no resulta extraño que cada vez sea mayor el interés de las sociedades en todo el mundo por conocer la calidad de sus sistemas educativos.

La década de los noventas ha sido calificada por los especialistas en el tema, como la década de la evaluación. En México al igual que en otros países se pasó del ámbito planificador al evaluador, colocando éste en el centro de la estrategia para el desarrollo de la educación.

En el Programa para la Modernización Educativa 1984-1994, se planteaba a la evaluación como el medio idóneo para precisar el concepto de calidad, concepto que pese ha ser utilizado, se ha caracterizado por ser más bien retórico, por su dificultad de aprehensión y por su indefinición operativa.

Para el 2001 ya se esperaba la inminente publicación del programa gubernamental de educación que parecía indicar que se daría especial relieve a la calidad educativa. El programa lamentablemente no paso de ser un asunto mediático, al privilegiarse intereses del poder gubernamental y del gremio magisterial, por encima del de los educandos.

Tuvieron que transcurrir doce años, para que, más allá de la discusión de los contenidos metodológicos de la educación, se hiciera a un lado al mayor obstáculo al avance en la calidad de la educación. La reforma educativa recientemente aprobada, contempla aspectos nodales que enriquecen los contenidos del proceso educativo, pero establece mecanismos indispensables para salir del estancamiento ocasionado por la manipulación fáctica del SNTE, como la evaluación constante a los maestros, estimulando a los buenos elementos y eliminando a los malos; terminar con la venta y las herencias de plazas magisteriales; Impedir que el SNTE continúe asignando discrecionalmente las plazas; y la creación de un órgano de rector El sistema nacional de evaluación educativa.

El aseguramiento de la calidad educativa se ha constituido en el eje orientador de las políticas institucionales y gubernamentales, para lo cual se han establecido dispositivos específicos que se han añadido a los tradicionales.

En lo que respecta a oferta educativa, la nueva reforma describe y establece entre otros temas. La relevancia del aprendizaje; las prácticas pedagógicas en la escuela, el aprovechamiento del tiempo escolar para la enseñanza y el aprendizaje, la estimulación de participación del alumno, la desconcentración del proceso de enseñanza, y de la actividad en el aula, del maestro como tal, la diversificación de experiencias de aprendizaje, la individualización de la enseñanza; la calidad del docente, el dominio de materia que se imparte; las características de la escuela y el director; el sistema de supervisión que opere adecuadamente como un canalizador de información, de demandas y de respuesta a las mismas; un sistema de supervisión que se centre en el aprendizaje y que enfoque sus apoyos hacia su mejora.

Si como es de esperarse, la calidad de la educación mexicana mejora, ésta logrará un nivel igual o superior a la de países reconocidos por su calidad educativa, reflejándose esto en indicadores de mayor eficiencia terminal, mayor grado de correspondencia entre la formación obtenida en cada nivel y las exigencias académicas del nivel subsecuente, así como un mayor grado de correspondencia entre la información y las expectativas del medio laboral, cultural y social. Pero como nunca falta un “prietito en el arroz”, esta reforma esperanzadora que finalmente acota la prolongada intromisión del SNTE en un tema prioritario para los mexicanos, no contempla una coordinación nacional con el sistema de educación superior y su necesaria vinculación con la planta productiva nacional. Esto, pese a los retos que deberá enfrentar en los próximos años debido a la presión del bono demográfico.

Uno de los motivos, es la dificultad para diseñar un mecanismo legislativo que satisfaga al conjunto de las instituciones de educación superior, pues entre los temas conflictivos que tendrían que regularse está el de si la educación superior que se imparte es responsabilidad del Estado. Un tema ineludible de la agenda nacional en el corto plazo.

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